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El Estado soy yo. La ampliación de la presidencia de Arturo Zaldívar.

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha traducido en importantes oportunidades de replantearse nuestro orden constitucional y en una gran urgencia por fortalecer la división de poderes así como la autonomía de nuestras instituciones.

En esta ocasión me refiero a la “Reforma Judicial”, particularmente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obedece a una adecuación por los recientes cambios a la Constitución Política publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021 no obstante, la polémica surge a raíz de un artículo transitorio que a la letra señala:

“…la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en el encargo hasta el 30 de noviembre de 2024…″

El ministro de la 4T

Actualmente la persona que ocupa dichos encargos es el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien tomo protesta el 2 de enero de 2019 y desde entonces se ha visto muy cercano al presidente Andrés Manuel, incluso se atribuye a esa cercanía su designación como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consecuencias de la reforma.

De entrar en vigor esta reforma aprobada por el Senado de la Republica, se permitiría a Zaldívar dirigir nuestro máximo tribunal exactamente el mismo tiempo que le resta a López Obrador en la Presidencia de la República, lo cual políticamente debilita la división de poderes y despierta dudas en cuanto a la imparcialidad que pudiera llegar a tener la Suprema Corte al resolver asuntos relevantes.

Violaciones a la Constitución.

Jurídicamente dicha reforma también implica diversas violaciones constitucionales, mismas que me permito explicar de la manera siguiente:

Primero.- El artículo 97, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos elementos que no deben pasar por desapercibidos:

1.- Que el Presidente de la Suprema Corte durará en su cargo 4 años; y,

2.- Que quien presida la Suprema Corte no puede reelegirse para el periodo siguiente.

Textualmente dicha porción normativa señala lo siguiente:

“…Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior…”

Segundo.- De conformidad con el artículo 133 Constitucional así como de su interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011 la Constitución Política es jerárquicamente superior a las leyes ordinarias, como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Tercero.- Luego entonces, si la Constitución establece la obligación de elegir una persona que presida la Suprema Corte cada cuatro años y una Ley prevé que no se elegirá a un presidente, en virtud de la ampliación del mandato hasta 2024, estaríamos frente a una contradicción que se le conoce como antinomia, es decir se trataría de normas jurídicas que “atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea”.

Cuarto.- En consecuencia de lo anterior, lo correcto sería resolver el asunto con base en el criterio de jerarquía, ya que todas las normas jurídicas en el país deben adecuarse a lo dispuesto por la norma suprema, es decir la Constitución.

Ahora bien, no debe pasar por inadvertido que Arturo Zaldívar realizó una importante promoción de la denominada “Reforma para y con el Poder Judicial” anunciando con bombo y platillo que se trataba de una reforma elaborada por el Consejo de la Judicatura Federal y que el Presidente de la Republica hizo suya. No obstante, ante la polémica el Consejo se deslindó del artículo transitorio que amplia el mandato de Zaldívar mediante comunicado de prensa 13/2021 . Esta situación sin lugar a dudas da lugar a suspicacias y evidencia – por lo menos – la cercanía del Presidente López Obrador con Arturo Zaldívar, y eso ya es mucho que decir pues los grandes escándalos jurídicos de este sexenio se han caracterizado por terminar en las manos de la Suprema Corte.

No omito compartir algunas declaraciones de Arturo Zaldívar, mismas que de ser congruente volverá a pronunciar en su momento sobre esta reforma:

“…Esto constituye un fraude a la Constitución en sentido técnico, pues simulando actuar en uso de sus competencias, la legislatura en realidad pretendió burlar … Más aún, y de manera más grave y determinante, la reforma entraña una violación … a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos…”

“…existe una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley … en contravención al artículo 99 constitucional el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas … lo que al margen de las intenciones que haya podido tener el Decreto constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia…”

Ante la opinión pública, Arturo Zaldívar se ha convertido en una extensión de López Obrador, quien se ha caracterizado por criticar a las instituciones del Estado Mexicano y que, cuando estas no satisfacen sus pretensiones inmediatamente propone desaparecerlas como ha sido el caso del INAI, COFECE, y recientemente el INE, ello sin omitir señalar las inesperadas renuncias de titulares en órganos como la CRE y la propia SCJN y las exigencias de renuncia del Auditor Superior de la Federación.

Nos encontramos pues, en un escenario en donde el Presidente de la Republica controla los tres poderes y a menos que este año pierda la mayoría en el Congreso de la Unión podrá seguir diciendo como Luis XIV de Francia “El Estado soy yo”.

Replantearnos la rigidez constitucional

Replantearnos la rigidez constitucional

Cada 5 de febrero cuando se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 diversos juristas se pronuncian sobre el exceso de reformas a la misma, mientras que otros se limitan a señalar que basta con respetarla sin importar sus modificaciones.

En Derecho, se consideran “rígidas” aquellas Constituciones cuyo procedimiento para ser reformadas o adicionadas resulta más complejo que el empleado para reformar las leyes ordinarias, en el caso mexicano el artículo 135 Constitucional prevé un procedimiento rígido mismo que se explica a continuación:

Ahora bien, no es un secreto que en México para las diversas fuerzas políticas la rigidez no representa un “filtro” eficaz para llevar a cabo constantes reformas y adiciones a la Constitución, mismas que ni siquiera obedecen a una evolución o progresividad de los derechos e instituciones, sino por el contrario, que la mayoría de las veces atiende a intereses del partido en el poder, cuestiones populistas e incluso regresivas.

Algunas voces se han pronunciado en el sentido de señalar que se trata de una aspiración legitima de los gobernantes el modificar la Constitución conforme a sus proyectos de nación, incluso que “siempre ha sido de ese modo”. Lo anterior considero que son falacias, puesto que la razón de ser de la rigidez no se limita a complicar el procedimiento de reformas y adiciones, sino preservar los derechos de los gobernados y asegurar una constante progresividad de estos, así como asegurar una sana evolución de las instituciones, lo que muchas veces es complicado debido a los constantes cambios sociales, culturales, económicos y políticos en el mundo. De este modo pues, reformar la Constitución con otros fines contraviene a su propia Supremacía y se incurre en un tremendo fraude a la Constitución y a la democracia.

La rigidez es cuestión de supremacía

Asimismo, resultaría iluso pensar que basta con la buena voluntad de la clase política para garantizar el respeto del orden constitucional, no debemos confundir el “deber ser” con el “ser”, las Constituciones existen históricamente entre otras razones, para limitar al poder ¿Qué clase de limites queremos?, ¿Qué certeza nos brinda un texto normativo “supremo” que cambia constantemente?

Dicho lo anterior, es indispensable que en el pensamiento político mexicano se abata aquella idea de normalizar las grandes reformas y adiciones constitucionales que se presentan cada sexenio, y con mayor vigor aquellas que se proponen a raíz de resoluciones desfavorables, como es el reciente caso del Presidente López Obrador en relación a las suspensiones en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica situación que debe ser “bandera roja” en el sistema democrático mexicano.

Es por lo aquí comentado que, sin duda es indispensable replantearnos la rigidez de nuestra Constitución pues en parte de ello depende preservar los derechos y garantías que tantos año y conflictos han costado para que fueran reconocidas.

En algunos países como Estados Unidos de América, Colombia y España -por señalar algunos- se prevé además de un procedimiento rígido como el mexicano la necesidad de realizar un referendo que ratifique las reformas constitucionales, incluso la propia constitución establece que partes de ella no podrán ser reformados bajo ningún motivo.