¿Cuáles son las sanciones para las empresas en casos de corrupción?

El  Sistema Nacional Anticorrupción nació a partir de la entrada en vigor de nuevas leyes en materia administrativa y penal, entre las cuales destacaremos en el presente escrito la Ley de Responsabilidades Administrativas, particularmente nos referiremos a la del Estado de Baja California.

Con las viejas leyes, únicamente los servidores públicos eran sujetos susceptibles de ser sancionados, sin embargo con las reformas en materia anticorrupción, ahora también los particulares, sean personas físicas (como usted o  su socio) o morales (una sociedad o asociación, por ejemplo) pueden ser sancionados y se encuentran bajo la observación de la administración pública así como de la ciudadanía.

La referida Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California (LRA), tiene entre otros objetos (artículo 2, fracción III de la LRA), el establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, algunas de éstas faltas de los particulares son las siguientes:

  • Soborno (artículo 66 de la LRA)
  • Participación ilícita en procedimientos administrativos (artículo 67 de la LRA)
  • Tráfico de influencias (artículo 68 de la LRA)
  • Utilización de información falsa (artículo 69, párrafo primero de la LRA)
  • Obstrucción de facultades de investigación (artículo 69, párrafo segundo de la LRA)
  • Colusión (artículo 70 de la LRA)
  • Uso indebido de recursos públicos (artículo 71 de la LRA)
  • Contratación indebida (artículo 72 de la LRA)
  • Beneficio indebido (artículo 73 de la LRA)

Cabe destacar que la prescripción de estas conductas es de 7 años (artículo 74, párrafo segundo de la LRA), en otras palabras, desde la comisión del acto sancionable y hasta 7 años después existe la posibilidad legal de ser investigado y sancionado. Es importante aclarar que la autoridad resolutora tratándose de las faltas de particulares lo será la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Artículo 3, fracción IV de la LRA).

Para finalizar, le comento que las sanciones para los particulares que hayan incurrido en faltas administrativas son las siguientes:

Personas físicas
(Usted, sus socios, su familia, etc.)
Personas morales
(Una sociedad o asociación, etc.)
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta 150,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;  


b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años;


c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos








a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta 1 millón 500 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 3 años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales o establecidas en otras disposiciones normativas que en su caso resulten aplicables.

Si requiere asesoría en sus relaciones con la Administración Pública puede contactarme en el siguiente enlace:

¿Quienes están obligados a presentar su declaración patrimonial?

Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California (En lo sucesivo “LRA”) el 1 de enero de 2018, muchos servidores públicos se han acercado a preguntarme quienes están obligados a presentar su declaración patrimonial y que consecuencias existen en caso de no hacerlo, por lo que me permito explicar este tema de la siguiente manera:

De conformidad con el artículo 32 de la LRA todos los servidores públicos están obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración de situación patrimonial, es importante advertir que en la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California dicha obligación solo era exigible a ciertos servidores públicos (Véase el artículo 77 de la referida ley abrogada) pero en la vigente LRA no se establece excepción alguna, siendo la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial aplicable a todos los servidores públicos sin distinción. 

Es importante señalar que la LRA establece tres tipos de declaración de situación patrimonial, atendiendo a la situación laboral del servidor público y otorgando diversos plazos para presentarla en cada caso particular, para mayor claridad me permito insertar el siguiente cuadro:

Ahora bien, en caso de no presentar la declaración patrimonial en los plazos señalados, se dará inicio a una investigación por presunta responsabilidad por la comisión de una falta administrativa y requerirán por escrito al servidor público para que cumpla con su obligación de declarar, y en su caso imponiendo las siguientes sanciones:

Ahora lo sabes, como servidor público tienes la obligación de presentar del 1 al 31 de mayo tu declaración de situación patrimonial, lo cual se realiza a través de los medios electrónicos (DeclaraNet) que establezca la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. (Secretaría de la Honestidad y Función Pública a partir del 31 de octubre de 2019)

En caso de cualquier duda o comentario quedo atento a su disposición.