¿Cuáles son las sanciones para las empresas en casos de corrupción?

El  Sistema Nacional Anticorrupción nació a partir de la entrada en vigor de nuevas leyes en materia administrativa y penal, entre las cuales destacaremos en el presente escrito la Ley de Responsabilidades Administrativas, particularmente nos referiremos a la del Estado de Baja California.

Con las viejas leyes, únicamente los servidores públicos eran sujetos susceptibles de ser sancionados, sin embargo con las reformas en materia anticorrupción, ahora también los particulares, sean personas físicas (como usted o  su socio) o morales (una sociedad o asociación, por ejemplo) pueden ser sancionados y se encuentran bajo la observación de la administración pública así como de la ciudadanía.

La referida Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California (LRA), tiene entre otros objetos (artículo 2, fracción III de la LRA), el establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, algunas de éstas faltas de los particulares son las siguientes:

  • Soborno (artículo 66 de la LRA)
  • Participación ilícita en procedimientos administrativos (artículo 67 de la LRA)
  • Tráfico de influencias (artículo 68 de la LRA)
  • Utilización de información falsa (artículo 69, párrafo primero de la LRA)
  • Obstrucción de facultades de investigación (artículo 69, párrafo segundo de la LRA)
  • Colusión (artículo 70 de la LRA)
  • Uso indebido de recursos públicos (artículo 71 de la LRA)
  • Contratación indebida (artículo 72 de la LRA)
  • Beneficio indebido (artículo 73 de la LRA)

Cabe destacar que la prescripción de estas conductas es de 7 años (artículo 74, párrafo segundo de la LRA), en otras palabras, desde la comisión del acto sancionable y hasta 7 años después existe la posibilidad legal de ser investigado y sancionado. Es importante aclarar que la autoridad resolutora tratándose de las faltas de particulares lo será la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Artículo 3, fracción IV de la LRA).

Para finalizar, le comento que las sanciones para los particulares que hayan incurrido en faltas administrativas son las siguientes:

Personas físicas
(Usted, sus socios, su familia, etc.)
Personas morales
(Una sociedad o asociación, etc.)
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta 150,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;  


b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años;


c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos








a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta 1 millón 500 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 3 años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales o establecidas en otras disposiciones normativas que en su caso resulten aplicables.

Si requiere asesoría en sus relaciones con la Administración Pública puede contactarme en el siguiente enlace:

¿Quienes están obligados a presentar su declaración patrimonial?

Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California (En lo sucesivo “LRA”) el 1 de enero de 2018, muchos servidores públicos se han acercado a preguntarme quienes están obligados a presentar su declaración patrimonial y que consecuencias existen en caso de no hacerlo, por lo que me permito explicar este tema de la siguiente manera:

De conformidad con el artículo 32 de la LRA todos los servidores públicos están obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración de situación patrimonial, es importante advertir que en la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California dicha obligación solo era exigible a ciertos servidores públicos (Véase el artículo 77 de la referida ley abrogada) pero en la vigente LRA no se establece excepción alguna, siendo la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial aplicable a todos los servidores públicos sin distinción. 

Es importante señalar que la LRA establece tres tipos de declaración de situación patrimonial, atendiendo a la situación laboral del servidor público y otorgando diversos plazos para presentarla en cada caso particular, para mayor claridad me permito insertar el siguiente cuadro:

Ahora bien, en caso de no presentar la declaración patrimonial en los plazos señalados, se dará inicio a una investigación por presunta responsabilidad por la comisión de una falta administrativa y requerirán por escrito al servidor público para que cumpla con su obligación de declarar, y en su caso imponiendo las siguientes sanciones:

Ahora lo sabes, como servidor público tienes la obligación de presentar del 1 al 31 de mayo tu declaración de situación patrimonial, lo cual se realiza a través de los medios electrónicos (DeclaraNet) que establezca la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. (Secretaría de la Honestidad y Función Pública a partir del 31 de octubre de 2019)

En caso de cualquier duda o comentario quedo atento a su disposición.

Test de Proporcionalidad en Materia Tributaria

Francisco Ballesteros ABOGADO en Mexicali Baja CaliforniaEn el presente se realizará una disección de una interesante Jurisprudencia de la 2da. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual se aclaran los requisitos en la intensidad del Control de Constitucionalidad y la aplicación del Test de Proporcionalidad de las Leyes Fiscales.

El rubro de la jurisprudencia es: “TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN.”

En primer término nos define que debemos entender por Test de Proporcionalidad y se expone que: “es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución”

Dicho test de proporcionalidad requiere:

1.- En primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado;

2.- En segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa:

a) Persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida;

b) Resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin; y,

c) Sea proporcional.

En materia tributaria la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo y se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa.

¿Cuál es la diferencia entre la información reservada y la confidencial?

De manera genérica toda normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula dos excepciones al principio de máxima publicidad, se trata de la información clasificada como reservada y la confidencial.

Algunas personas y sujetos obligados cometen el error de emplear los términos reservada y confidencial como si se tratara de un mismo concepto, es decir un solo tipo de información, es importante aclarar que se trata de dos supuestos distintos, para efectos prácticos utilizaremos el caso de la La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que en su artículo 4, fracciones XII y XV establece:

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: …

XII.- Información Confidencial: La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley General y la presente Ley…

XV.- Información Reservada: La información pública a la que por razones de interés público excepcionalmente se ha restringido el acceso de manera temporal, de conformidad con el Título Quinto de esta Ley…”

Se puede advertir que información confidencial se vincula con los datos personales y la reservada con aquella restringida por razones de interés público, a efecto de abundar a continuación se transcribe que debe entenderse por datos personales de conformidad con el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California que a continuación se transcribe:

Artículo 136. Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género; los referidos a características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, número de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etcétera.”

Ahora bien, en cuanto a la información reservada solo podrá clasificarse como tal aquella que encuadre dentro de los supuestos que establece el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California como es el caso de aquella información que ponga en peligro la vida de las personas, que obstruya actividades de auditoria, procedimientos para fincar responsabilidades a servidores públicos, afecte el debido proceso, obstruya la persecución de delitos, entre otros supuestos.

No omitiendo señalar que la Ley establece expresamente que no podrá clasificarse como reservada la información cuando:

a) Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y;

b) Cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.

Para concluir podemos señalar las siguientes diferencias:

Información Confidencial 

  • Se refiere a: Datos Personales
  • Temporalidad: No estará sujeta a temporalidad alguna.
  • Acceso: Solo tendrán acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello.

Información Reservada

  • Se refiere a: Información restringida por razones de interés público.
  • Temporalidad: Podrá reservarse hasta por 5 años, pudiendo excepcionalmente extenderse otros 5 años con la aprobación del Comité de Transparencia correspondiente.
  • Acceso: Solo tendrán acceso a ella las personas facultadas para tal efecto.

¿Qué son los Órganos Reguladores en Materia Energética?

En los últimos días mucho se ha debatido sobre las personas propuestas para ocupar un cargo en la Comisión Reguladora de Energía, conocida por sus iniciales como “CRE”, pero a todo esto ¿Qué es? y ¿Qué hace la CRE? A continuación se lo explico brevemente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, párrafo octavo establece que el Poder Ejecutivo contará con dos Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (En lo sucesivo “ORCME”) y éstos serán:

CREYCNH

La ley reglamentaria de dicha disposición constitucional se denomina Ley de los “ORCME” y tiene por objeto establecer las competencias así como regular la organización y funcionamiento de dichos órganos.

Estos órganos son importantes porque tienen entre otras, las siguientes atribuciones:

  • Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas.
  • Imponer sanciones respecto de los actos u omisiones que den lugar a ello, así como imponer y ejecutar sanciones no económicas, en el ámbito de su competencia.
  • Interpretar para efectos administrativos y en materia de su competencia la Ley de los ORCME.
  • Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas.
  • Actuar, si lo considera conveniente, como mediador o árbitro en la solución de controversias respecto de las actividades reguladas.

Es importante señalar que, conforme al artículo 27 de la Ley reglamentaria, las normas generales, actos u omisiones de los ORCME únicamente podrán ser impugnados mediante Juicio de Amparo Indirecto y no serán objeto de suspensión (solamente en casos de multas, estas se ejecutaran hasta que se resuelva el juicio que en su caso se promueva.)

Cabe señalar que los ORCME cuentan con un Órgano de Gobierno integrado por 7 comisionados, incluido su Presidente, así como con una Secretaría Ejecutiva.

Ahora bien, la discusión nacional deriva de 4 vacantes en el Órgano de Gobierno de la CRE, y se centra especialmente en que las 12 personas propuestas por el Presidente de la Republica demostraron ante el Senado su “falta de conocimientos técnicos y del funcionamiento del sector”

Entonces ¿Qué hace la CRE?

Es una Dependencia de la Administración Pública Federal que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica y con capacidad de disponer de los ingresos derivados de los servicios que prestan y que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de los ORCME la CRE deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades (ver imagen):

FRANCISCO BALLESTEROS ABOGADO MEXICALI

Por su parte la La CNH tendrá a su cargo entre otras, las siguientes atribuciones:

  • Regular y supervisar el reconocimiento y exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento.
  • Licitar y suscribir contratos para la explotación y extracción de hidrocarburos.
  • Administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

De manera muy general, en esto consisten los ORCME, particularmente la CRE. Quedo a su disposición para cualquier duda o comentario, hasta la próxima.

¿Qué son los Derechos ARCO?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16 el derecho a la protección de los datos personales así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, los cuales por sus iniciales son conocidos como “Derechos ARCO”.

En lo que respecta a los datos personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California señala que son “aquellos concernientes a una persona identificada o identificable”, lo cual se especifica a mayor detalle en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California que a continuación se transcribe:

Artículo 136. Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género; los referidos a características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, número de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etcétera.

Ahora bien, los “Derechos ARCO” consisten básicamente en lo siguiente:

  • Acceso.- Es el derecho a solicitar información sobre los datos personales, su origen, tratamiento y las acciones que se pretenden ejecutar con éstos.
  • Rectificación.- Es un derecho para solicitar la corrección o modificación de los datos personales cuando sean inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos.
  • Cancelación.– Es el derecho de borrar, eliminar o anular los datos personales de los registros del poseedor de éstos, siempre que se contravengan las disposiciones de Ley.
  • Oposición.- Implica que el titular de los datos puede oponerse o negarse al tratamiento de sus datos personales.

Finalmente le comento que la legislación actual en materia de datos personales contempla medios para solicitar tanto a entidades de gobierno como particulares el ejercicio de sus “Derechos ARCO”. 

¿Cuándo es excesiva una multa?

Resultado de imagen para infraccionLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en su artículo 22, la imposición de “multas excesivas”, sin embargo no precisa que debemos entender por dicho concepto, tampoco cuándo o en qué casos una multa se considera “excesiva”, por ello atendiendo a la doctrina así como a diversos criterios jurisprudenciales, se entiende que:

a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito;

b) Una multa es excesiva cuando se propasa, es decir, va más allá de lo lícito y lo razonable, y;

c) De manera general, una multa será excesiva cuando la autoridad no determine su monto o cuantía tomando en cuenta:

  1. La gravedad de la infracción;
  2. La capacidad económica del infractor;
  3. La reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o;
  4. Cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

Si alguna autoridad gubernamental le ha impuesto a Usted o a su empresa una multa, considere primeramente asesorarse por un abogado, ya que de ser inconstitucional dicha multa, puede demandarse su nulidad.

¡Quiero asesorarme!

¿Cómo defenderme de una multa?

En esta ocasión les comparto brevemente algunos consejos que deben tomar en cuenta cuando nos han aplicado una sanción pecuniaria conocida como “multa”, específicamente me refiero a aquellas impuestas por una autoridad gubernamental por infringir o encuadrar en alguno de los supuestos que establecen las diversas normas jurídicas administrativas (Por ejemplo, un reglamento o ley en materia fiscal,  energética, de tránsito, medio ambiente, entre otros), y que afectan el patrimonio tanto de las empresas como de las personas físicas.

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica suprema en nuestro país y en ella se establece que todos los actos de las autoridades deben ser emitidos por escrito y estar debidamente fundados y motivados (Artículo 16 constitucional); es decir, la autoridad debe ser sumamente especifica al sancionarnos y debe señalar las normas, capítulos, artículos, incisos o párrafos en que basa su actuación, pero no sólo eso sino que además debe precisar con claridad los motivos por los cuales nuestra conducta (Que puede ser algo que hicimos o dejamos de hacer, es decir, una acción u omisión) amerita ser sancionada con multa, lo que impone a la Autoridad, la obligación de establecer pormenorizadamente las particularidades del infractor y de los hechos motivo de la infracción, especificando la forma y manera de cómo influyen para fijar la sanción entre el mínimo y máximo señalado en la ley o reglamento correspondiente. En pocas palabras, justificar el arbitrio de la fijación de la sanción.

Es en virtud de lo anterior que, si Usted se asesora oportunamente, se podrá identificar si su multa, es infundada e inmotivada, o bien, indebidamente fundada y motivada, y en su caso promover los recursos que procedan o demandar ante los Tribunales de Justicia Administrativa la nulidad de ésta.