Autor: Francisco Ballesteros

Inconstitucionales permisos para manifestaciones, contribuciones por información, reuniones e impuestos adicionales.

Introducción

Una acción de inconstitucionalidad en términos generales es un juicio previsto en el artículo 105, fracción II de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que tiene por objeto resolver la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

En esta ocasión comentaremos lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 95/2020, en la cual se declaró la invalidez de diversas normas tributarias del estado de Sonora.

Antecedentes del caso

En el particular, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demando la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas de las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los ayuntamientos de los municipios del Estado de Sonora.

Las 109 porciones normativas que fueron objeto de la demanda de Acción de Inconstitucionalidad fueron clasificadas conforme a los siguientes rubros:

  • a) Cobros excesivos y desproporcionados por acceso a la información (cobro por consulta)
  • b) Transgresión a la libertad de expresión (se exige permiso para manifestarse y multas por canciones obscenas)
  • c) Impuestos adicionales (exigencia de pagar impuestos, por haber pagado otros impuestos)
  • d) Libertad de Reunión (cobro por reuniones y fiestas familiares)
  • e) Discriminación (cobros diferentes según género, aspecto de salud y condición física)

Dichas normas generales cuya invalidez se reclama fueron publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 27 de diciembre de 2019, y la demanda se presentó ante la SCJN el 27 de enero de 2020.

La CNDH señaló como conceptos de invalidez lo siguiente:

a) Cobros excesivos y desproporcionados por acceso a la información

Medularmente señaló que los cobros establecidos por reproducción de información pública en copia simple y discos compactos además de excesivos y desproporcionados, vulneraban derechos de acceso a la información, de igualdad, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información.

Que el exigir un pago para ejercer el derecho a consulta de información, fotocopias, impresiones, escaneos, entre otros se constituye como una barrera legal para el ejercicio de un derecho constitucional.

Asimismo, señala que al ser contribuciones de las denominadas “derechos” en todo caso las tarifas deberían ser iguales para todos, ya que se fijan acorde al servicio prestado, por lo que contravienen a la proporcionalidad tributaria.

b) Transgresión a la libertad de expresión

Señala que se restringe el derecho humano a la libertad de expresión, de reunión y manifestación al establecer como requisito legal para realizar una manifestación el tramitar previamente un permiso municipal, así como la imposición de sanciones por la interpretación o reproducción de canciones obscenas en la vía pública.

c) Impuestos adicionales

Señala que es inconstitucional el establecimiento de un impuesto adicional, el cual grava el importe total de los pagos que hayan realizado los contribuyentes por concepto de diversos impuestos y derechos municipales, lo cual no atiende a la capacidad contributiva, lo cual transgrede los artículos 14, 16 y 31, fracción IV Constitucionales.

d) Libertad de Reunión

Señala que se violan los derechos humanos al prever el pago de derechos por “permisos para eventos o fiestas familiares” y que las sanciones por el mismo rubro vulneran los derechos de libertad de reunión e intimidad, así como la prohibición de injerencias arbitrarias por parte de la autoridad municipal.

Afirma que exigir el pago por permisos o anuencias para celebrar reuniones privadas por parte de las personas, constituye una intrusión injustificada en la vida privada de las personas.

e) Discriminación

Aduce que establecer multas a los operadores de transporte público por permitir el acceso de vehículos públicos en razón del aspecto físico y condición de salud; así como fijar cuotas para el acceso a parques municipales por razón de origen y genero es contrario al artículo 1º Constitucional.

La resolución de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo siguiente con relación a:

a) Cobros excesivos y desproporcionados por acceso a la información

Se viola lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción III y 31, fracción IV Constitucionales, así como los diversos 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al establecer cobros excesivos y desproporcionados que no atienden a los costos de los materiales utilizados.

Subraya que, del proceso de creación de las leyes de ingresos impugnadas, se advierte que el legislador en ningún momento razonó o explicó las razones de las tarifas aplicables para esos supuestos.

b) Transgresión a la libertad de expresión

Con relación a las manifestaciones:

Resuelve que, no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a actos delictivos se deberá considerar que la congregación humana ya no es pacífica ni lícita.

Que la normativa impugnada resulta una medida irracional y restrictiva de los derechos de reunión, libertad de expresión y libertad de difundir opiniones, información e ideas, lo que hace necesario declarar su invalidez.

Con relación a las canciones obscenas:

En el caso concreto de las normas que se estudian, su redacción resulta en un amplio margen de apreciación al juez cívico para determinar, de manera discrecional, qué tipo de insulto o canciones obscenas encuadraría en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.

Lo anterior, lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino que responden a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación, de manera que si para alguna persona una expresión pudiera resultarle altamente injuriosa u obscena, para otra no representaría afectación alguna.

c) Impuestos adicionales

Se declara la invalidez de las normas impugnadas, pues el impuesto que establecen tiene como base el cumplimiento de la obligación tributaria de pago de los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado el contribuyente, lo cual desatiende a su verdadera capacidad contributiva, pues no denota una manifestación de riqueza por parte del causante.

d) Libertad de Reunión

Señala que las normas impugnadas que prevén el cobro de un derecho por la emisión de un permiso para que los gobernados se reúnan en sus casas o salones, con motivo de los eventos sociales antes mencionados, conforme a lo antes expuesto, es clara su inconstitucionalidad, pues condicionan el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes de dichos municipios al pago para la obtención del permiso respectivo, restricción que carece de fundamento constitucional.

e) Discriminación

En este punto el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez al no alcanzar una mayoría calificada.

De esta manera es que la SCJN resolvió en el sentido siguiente:

Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los  Se declara la invalidez
Artículo 17, en sus porciones normativas “Damas $16.62” y “Caballeros $27.70”, de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020  A fin de no extender en exceso el presente texto es que nos limitaremos a señalar que el resto de las disposiciones combatidas de las diferentes Leyes de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los Ayuntamientos del Estado de Sonora fueron declarados inválidos.  
Artículo 10, incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020.   

Si desea conocer el contenido íntegro de esta resolución haga clic en el siguiente enlace: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620800&fecha=10/06/2021  

Resuelve SCJN que los Estados no pueden ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Introducción

Una acción de inconstitucionalidad en términos generales es un juicio previsto en el artículo 105, fracción II de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que tiene por objeto resolver la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

En esta ocasión comentaremos lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017, en la cual se declaró la invalidez de algunas porciones normativas del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Antecedentes del caso

En el particular la demanda de acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy denominada Fiscalía General de la Republica) en contra de algunas reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes publicadas el 21 de agosto de 2017.

El contenido de los artículos combatidos es el siguiente:

ARTÍCULO 75-A.- Hechos punibles de prisión preventiva oficiosa. Conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se considerarán delitos graves y por tanto se aplicará prisión preventiva oficiosa, a las siguientes figuras típicas:

I.      Homicidio Doloso, previsto en los Artículos 97 y 99;

II.     Feminicidio, previsto en el Artículo 97-A;

III.    Homicidio Doloso Calificado previsto en el Artículo 107;

IV.    Lesiones Dolosas Calificadas, previstas en el Artículo 107, en relación con el Artículo 104, Fracciones V y VI;

V.     Atentados al Pudor o Atentados al Pudor equiparado, previsto en el Artículo 115, cuando la víctima sea menor de doce años de edad o que por cualquier causa no pueda resistir la conducta del sujeto activo;

VI.    Corrupción de Menores e Incapaces, prevista en el Artículo 116;

VII.   Pornografía infantil o de incapaces, prevista en el Artículo 117;

VIII.   Violación, prevista en el Artículo 119;

IX.    Violación Equiparada, prevista en el Artículo 120;

X.     Tráfico de Menores, prevista en los párrafos primero y segundo del Artículo 126;

XI.    Sustracción de Menores e Incapaces, prevista en el Artículo 127, salvo que el inculpado sea familiar del menor o incapaz objeto de sustracción o retención;

XII.   Los supuestos establecidos en las leyes generales y federales correspondientes, que ameriten prisión preventiva oficiosa respecto a los hechos punibles que prevean tales ordenamientos (…)

ARTÍCULO 141.- Robo Equiparado. Se equipara al robo la conducta de quien:

(…)

IV. A quien adquiera, comercialice o esté en posesión de uno o más dispositivos electrónicos con capacidad de conectarse a internet de manera inalámbrica por medio de cualquier tipo de red, que tenga denuncia de robo ante la autoridad competente; o

V. A quien adquiera, comercialice o tenga la posesión de bienes muebles que sean producto de robo, según se haya acreditado denuncia ante la autoridad competente.

(…)

Conceptos de invalidez en las demandas.

La CNDH señaló como conceptos de invalidez lo siguiente:

Con relación al artículo 75-A, fracciones IV, XI y XIICon relación al artículo 141, fracciones IV y V
Que dichas porciones normativas violentan el artículo 19 constitucional al posibilitar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por delitos no previstos en la norma fundamental.   Que si bien, el legislador ordinario tiene la facultad de delimitar el catalogo de delitos graves en su normatividad penal, no tiene atribuciones respecto de la prisión preventiva oficiosa.Se señala que dichas porciones normativas vulneran los derechos de seguridad jurídica y presunción de inocencia, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y pro-persona.   Lo anterior en virtud de que las fracciones impugnadas no atienden al elemento subjetivo de tener conocimiento del origen ilícito de los objetos y de ocultar dolosamente dicha información.  

La PGR señaló como conceptos de invalidez lo siguiente:

Con relación al artículo 75-A, fracciones IV, XI y XIICon relación al artículo 107, fracción VII
El promovente señala que dicha porción normativa violenta los artículos 1o y 19 de la Constitución federal, ya que la prisión preventiva oficiosa es una restricción a los derechos humanos que solo puede establecer la Constitución Federal y no así los congresos locales en sus normas jurídicas.Señala que existe una marcada desproporción en las penalidades de los delitos de lesiones dolosas calificadas que ponen en peligro la vida (con penalidad de 5 a 11.6 años) y el de lesiones por razones de genero (con penalidad de 40 a 60 años) lo cual violenta lo dispuesto por el artículo 22 constitucional.  

La resolución de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo siguiente:

Con relación al artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes:

  • Las legislaturas locales no pueden regular lo relativo a delitos a los que corresponda prisión preventiva oficiosa, porque la medida cautelar es un tema procesal que es facultad del Congreso de la Unión, la cual ni por reiteración está permitida a los Poderes Legislativos locales.
  • Las entidades federativas ya no tienen facultades para legislar sobre la materia procesal penal, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de ocho de octubre de dos mil trece que establece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la de legislar en materia de proceso penal.
  • Que en los artículos 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un catálogo taxativo de delitos respecto de los que procede decretar la prisión preventiva oficiosa; asimismo, que la ley determinará los delitos graves respecto de los que también procederá decretarse dicha medida cautelar, únicamente para los casos que precisa, entendiéndose por ley el código mencionado.
  • El referido artículo 75-A, no tiene un carácter complementario y tampoco resulta necesario para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de su artículo Octavo Transitorio, ya que establecen supuestos para la procedencia de la medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa que tiene naturaleza procesal.

Con relación al artículo 107, fracción VII del Código Penal para el Estado de Aguascalientes:

  • Se considero que el quántum de la pena en la porción normativa impugnada corresponde a la política criminal de la entidad federativa, la cual se considera razonable.
  • Se considera que el sistema de penas previsto en los códigos penales atiende a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque, la calidad de sujetos involucrados y el grado de responsabilidad subjetiva del agente, aunque también admite la ponderación de las razones de oportunidad condicionada por la política criminal del legislador.
  • De acuerdo, con lo artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, lo cual constituye el derecho que en la doctrina penal se denomina la concepción estricta del principio de proporcionalidad en materia penal. El contenido de este derecho consiste en la exigencia de una adecuación entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito.
  • Que tanto la gravedad de la conducta incriminada como la cuantía de la pena no sólo están determinadas por el bien jurídico tutelado, la afectación a éste o el grado de responsabilidad subjetiva del agente, sino también por la incidencia del delito o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena.

Con relación al artículo 141, fracciones IV y V del Código Penal para el Estado de Aguascalientes:

  • Que para que un enunciado normativo cumpla con la exigencia de taxatividad es necesario que la norma sea clara y precisa, es decir, de tal forma que no sea vaga ni ambigua y sea evidente para el juzgador la conducta que se pretende sancionar en concordancia con el bien jurídico tutelado que se busca proteger. Por ello, el análisis del grado de concreción de los elementos integradores del tipo penal serán los que permitirán establecer si se cumple o no con la exigencia de taxatividad que requiere para su eficacia el principio de legalidad.
  • Que en el caso concreto el elemento subjetivo específico del tipo penal no se incluyó expresamente.
  • Se destaca que pueden existir tipos penales que implican el elemento subjetivo específico por su naturaleza, aun cuando el legislador no lo haya establecido expresamente, pero que se hayan implícitos, como es el caso del robo, en el que no es indispensable que conste expresamente en el tipo penal el ánimo de apropiación, lo cual no es aplicable en el caso concreto pues el conocimiento que debe tener el sujeto activo de que los objetos del delito son parte de la comisión de un ilícito anterior no se sobreentiende con la lectura del tipo atacado.

De esta manera es que la SCJN resolvió en el sentido siguiente:

Se reconoce su validezSe declara la invalidez
Del artículo 107, fracción VII, párrafo segundo, en su porción normativa “En el caso de la Fracción VII, se aplicará al responsable de 40 a 60 años de prisión”, del Código Penal para el Estado de AguascalientesDel artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes  
 Del artículo 141, fracciones IV y V, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes

Si desea conocer el contenido íntegro de esta resolución haga clic en el siguiente enlace: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620731&fecha=09/06/2021