En defensa de los Órganos Constitucionales Autónomos

Recientemente el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó que presentará una propuesta de reforma para integrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública. Ello en virtud de que el propio Presidente de la Republica considera que no cumplen con su objeto y que requieren de recursos públicos excesivos.

Es por lo anterior que, resulta necesario informar y aclarar a la ciudadanía en qué consisten los Órganos Constitucionales Autónomos y su trascendencia en una democracia moderna, lo cual espero lograr en los párrafos siguientes:

Los Órganos Constitucionales Autónomos, son instituciones que se crean directamente por la Constitución Política para cumplir con fines específicos, por ejemplo: garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, la libre competencia, la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, la justicia administrativa, entre otros. Ello los vuelve depositarios de funciones estatales mismas que buscan desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar o transparentar ante la sociedad.

Algunos ejemplos de Órganos Constitucionales Autónomos lo son:

  • El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
  • El Instituto Nacional Electoral (INE)
  • La Fiscalía General de la Republica (FGR)
  • El Banco de México (Banxico)
  • El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
  • La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

La importancia de que estos órganos sean establecidos directamente en la Constitución Política se vincula fuertemente con el proceso de reforma de ésta, pues para reformar o adicionar la Constitución el proceso es más complejo que el de una simple reforma de ley (véase artículo 135 Constitucional), por lo tanto crear o “desaparecer” un órgano establecido en la constitución también resulta más complejo que una simple reforma legal, por ejemplo, si usted lee el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, encontrará un listado de las Secretarías de Estado (Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Salud, etc.) estas Secretarías son dependencias que pueden fácilmente ser creadas o eliminadas a conveniencia del Ejecutivo en turno, dada la mayoría de su partido político en el Poder Legislativo, por lo tanto no debe pasar por desapercibido que los titulares de las diferentes Secretarías de Estado son nombrados y removidos libremente por el Presidente de la Republica, por lo que la sumisión de éstos a la voluntad del Ejecutivo es innegable.

No obstante lo anterior – y lamentablemente – para nuestra clase política no representa ningún problema reformar constantemente nuestra Constitución, por lo que estaríamos frente a un nuevo intento de “ajustar” a conveniencia nuestra norma suprema.

Ahora bien, estos órganos son autónomos (o al menos eso se pretende) ya que gozan de libertad para autoorganizarse, para disponer libremente de sus fondos, elaborar sus planes y programas, establecer sus normas y criterios, etc. En otras palabras, la autonomía implica el autogobierno y autonormación, lo cual se traduce en la no sujeción a una autoridad, por ejemplo, al Presidente de la Republica. Es por lo expuesto que, se dice que los Órganos Constitucionales Autónomos tienen una relación de coordinación con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado mediante jurisprudencia que los Órganos Constitucionales Autónomos son agencias independientes – de los órganos políticos y de los entes regulados – que cumplen con funciones especializadas, complejas y que requieren de racionalidades técnicas, por lo que su autonomía preserva el principio de división de poderes y la cláusula democrática al regular ciertos sectores especializados de interés nacional.

Lo anterior no implica que estos órganos sean soberanos y sus decisiones no se encuentren sujetas a revisión por parte de los otros poderes, es por ello que algunas de las determinaciones de estos órganos han sido revocadas mediante diversas sentencias. Se trata pues, de órganos que pueden evolucionar, mejorarse o perfeccionarse, pero eliminarlos en definitiva no resulta una opción plausible dada su función en nuestro Estado Constitucional de Derecho.

Seguramente, estimado lector, ya pudo advertir la estrecha relación entre la existencia de los órganos constitucionales autónomos y el principio de división de poderes, y por ende a las verdaderas intenciones del Presidente de la Republica.

Desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos equivale a ampliar el poder del Ejecutivo, desaparecer límites constitucionales que aseguran un contrapeso, a controlar discrecionalmente los recursos humanos, financieros y materiales de dichos órganos, así como retroceder en nuestra democracia.