Autor: Francisco Ballesteros

El Estado soy yo. La ampliación de la presidencia de Arturo Zaldívar.

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha traducido en importantes oportunidades de replantearse nuestro orden constitucional y en una gran urgencia por fortalecer la división de poderes así como la autonomía de nuestras instituciones.

En esta ocasión me refiero a la “Reforma Judicial”, particularmente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obedece a una adecuación por los recientes cambios a la Constitución Política publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021 no obstante, la polémica surge a raíz de un artículo transitorio que a la letra señala:

“…la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en el encargo hasta el 30 de noviembre de 2024…″

El ministro de la 4T

Actualmente la persona que ocupa dichos encargos es el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien tomo protesta el 2 de enero de 2019 y desde entonces se ha visto muy cercano al presidente Andrés Manuel, incluso se atribuye a esa cercanía su designación como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consecuencias de la reforma.

De entrar en vigor esta reforma aprobada por el Senado de la Republica, se permitiría a Zaldívar dirigir nuestro máximo tribunal exactamente el mismo tiempo que le resta a López Obrador en la Presidencia de la República, lo cual políticamente debilita la división de poderes y despierta dudas en cuanto a la imparcialidad que pudiera llegar a tener la Suprema Corte al resolver asuntos relevantes.

Violaciones a la Constitución.

Jurídicamente dicha reforma también implica diversas violaciones constitucionales, mismas que me permito explicar de la manera siguiente:

Primero.- El artículo 97, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos elementos que no deben pasar por desapercibidos:

1.- Que el Presidente de la Suprema Corte durará en su cargo 4 años; y,

2.- Que quien presida la Suprema Corte no puede reelegirse para el periodo siguiente.

Textualmente dicha porción normativa señala lo siguiente:

“…Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior…”

Segundo.- De conformidad con el artículo 133 Constitucional así como de su interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011 la Constitución Política es jerárquicamente superior a las leyes ordinarias, como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Tercero.- Luego entonces, si la Constitución establece la obligación de elegir una persona que presida la Suprema Corte cada cuatro años y una Ley prevé que no se elegirá a un presidente, en virtud de la ampliación del mandato hasta 2024, estaríamos frente a una contradicción que se le conoce como antinomia, es decir se trataría de normas jurídicas que “atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea”.

Cuarto.- En consecuencia de lo anterior, lo correcto sería resolver el asunto con base en el criterio de jerarquía, ya que todas las normas jurídicas en el país deben adecuarse a lo dispuesto por la norma suprema, es decir la Constitución.

Ahora bien, no debe pasar por inadvertido que Arturo Zaldívar realizó una importante promoción de la denominada “Reforma para y con el Poder Judicial” anunciando con bombo y platillo que se trataba de una reforma elaborada por el Consejo de la Judicatura Federal y que el Presidente de la Republica hizo suya. No obstante, ante la polémica el Consejo se deslindó del artículo transitorio que amplia el mandato de Zaldívar mediante comunicado de prensa 13/2021 . Esta situación sin lugar a dudas da lugar a suspicacias y evidencia – por lo menos – la cercanía del Presidente López Obrador con Arturo Zaldívar, y eso ya es mucho que decir pues los grandes escándalos jurídicos de este sexenio se han caracterizado por terminar en las manos de la Suprema Corte.

No omito compartir algunas declaraciones de Arturo Zaldívar, mismas que de ser congruente volverá a pronunciar en su momento sobre esta reforma:

“…Esto constituye un fraude a la Constitución en sentido técnico, pues simulando actuar en uso de sus competencias, la legislatura en realidad pretendió burlar … Más aún, y de manera más grave y determinante, la reforma entraña una violación … a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos…”

“…existe una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley … en contravención al artículo 99 constitucional el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas … lo que al margen de las intenciones que haya podido tener el Decreto constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia…”

Ante la opinión pública, Arturo Zaldívar se ha convertido en una extensión de López Obrador, quien se ha caracterizado por criticar a las instituciones del Estado Mexicano y que, cuando estas no satisfacen sus pretensiones inmediatamente propone desaparecerlas como ha sido el caso del INAI, COFECE, y recientemente el INE, ello sin omitir señalar las inesperadas renuncias de titulares en órganos como la CRE y la propia SCJN y las exigencias de renuncia del Auditor Superior de la Federación.

Nos encontramos pues, en un escenario en donde el Presidente de la Republica controla los tres poderes y a menos que este año pierda la mayoría en el Congreso de la Unión podrá seguir diciendo como Luis XIV de Francia “El Estado soy yo”.

Replantearnos la rigidez constitucional

Replantearnos la rigidez constitucional

Cada 5 de febrero cuando se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 diversos juristas se pronuncian sobre el exceso de reformas a la misma, mientras que otros se limitan a señalar que basta con respetarla sin importar sus modificaciones.

En Derecho, se consideran “rígidas” aquellas Constituciones cuyo procedimiento para ser reformadas o adicionadas resulta más complejo que el empleado para reformar las leyes ordinarias, en el caso mexicano el artículo 135 Constitucional prevé un procedimiento rígido mismo que se explica a continuación:

Ahora bien, no es un secreto que en México para las diversas fuerzas políticas la rigidez no representa un “filtro” eficaz para llevar a cabo constantes reformas y adiciones a la Constitución, mismas que ni siquiera obedecen a una evolución o progresividad de los derechos e instituciones, sino por el contrario, que la mayoría de las veces atiende a intereses del partido en el poder, cuestiones populistas e incluso regresivas.

Algunas voces se han pronunciado en el sentido de señalar que se trata de una aspiración legitima de los gobernantes el modificar la Constitución conforme a sus proyectos de nación, incluso que “siempre ha sido de ese modo”. Lo anterior considero que son falacias, puesto que la razón de ser de la rigidez no se limita a complicar el procedimiento de reformas y adiciones, sino preservar los derechos de los gobernados y asegurar una constante progresividad de estos, así como asegurar una sana evolución de las instituciones, lo que muchas veces es complicado debido a los constantes cambios sociales, culturales, económicos y políticos en el mundo. De este modo pues, reformar la Constitución con otros fines contraviene a su propia Supremacía y se incurre en un tremendo fraude a la Constitución y a la democracia.

La rigidez es cuestión de supremacía

Asimismo, resultaría iluso pensar que basta con la buena voluntad de la clase política para garantizar el respeto del orden constitucional, no debemos confundir el “deber ser” con el “ser”, las Constituciones existen históricamente entre otras razones, para limitar al poder ¿Qué clase de limites queremos?, ¿Qué certeza nos brinda un texto normativo “supremo” que cambia constantemente?

Dicho lo anterior, es indispensable que en el pensamiento político mexicano se abata aquella idea de normalizar las grandes reformas y adiciones constitucionales que se presentan cada sexenio, y con mayor vigor aquellas que se proponen a raíz de resoluciones desfavorables, como es el reciente caso del Presidente López Obrador en relación a las suspensiones en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica situación que debe ser “bandera roja” en el sistema democrático mexicano.

Es por lo aquí comentado que, sin duda es indispensable replantearnos la rigidez de nuestra Constitución pues en parte de ello depende preservar los derechos y garantías que tantos año y conflictos han costado para que fueran reconocidas.

En algunos países como Estados Unidos de América, Colombia y España -por señalar algunos- se prevé además de un procedimiento rígido como el mexicano la necesidad de realizar un referendo que ratifique las reformas constitucionales, incluso la propia constitución establece que partes de ella no podrán ser reformados bajo ningún motivo.

En defensa de los Órganos Constitucionales Autónomos

En defensa de los Órganos Constitucionales Autónomos

Recientemente el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó que presentará una propuesta de reforma para integrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública. Ello en virtud de que el propio Presidente de la Republica considera que no cumplen con su objeto y que requieren de recursos públicos excesivos.

Es por lo anterior que, resulta necesario informar y aclarar a la ciudadanía en qué consisten los Órganos Constitucionales Autónomos y su trascendencia en una democracia moderna, lo cual espero lograr en los párrafos siguientes:

Los Órganos Constitucionales Autónomos, son instituciones que se crean directamente por la Constitución Política para cumplir con fines específicos, por ejemplo: garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, la libre competencia, la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, la justicia administrativa, entre otros. Ello los vuelve depositarios de funciones estatales mismas que buscan desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar o transparentar ante la sociedad.

Algunos ejemplos de Órganos Constitucionales Autónomos lo son:

  • El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
  • El Instituto Nacional Electoral (INE)
  • La Fiscalía General de la Republica (FGR)
  • El Banco de México (Banxico)
  • El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
  • La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

La importancia de que estos órganos sean establecidos directamente en la Constitución Política se vincula fuertemente con el proceso de reforma de ésta, pues para reformar o adicionar la Constitución el proceso es más complejo que el de una simple reforma de ley (véase artículo 135 Constitucional), por lo tanto crear o “desaparecer” un órgano establecido en la constitución también resulta más complejo que una simple reforma legal, por ejemplo, si usted lee el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, encontrará un listado de las Secretarías de Estado (Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Salud, etc.) estas Secretarías son dependencias que pueden fácilmente ser creadas o eliminadas a conveniencia del Ejecutivo en turno, dada la mayoría de su partido político en el Poder Legislativo, por lo tanto no debe pasar por desapercibido que los titulares de las diferentes Secretarías de Estado son nombrados y removidos libremente por el Presidente de la Republica, por lo que la sumisión de éstos a la voluntad del Ejecutivo es innegable.

No obstante lo anterior – y lamentablemente – para nuestra clase política no representa ningún problema reformar constantemente nuestra Constitución, por lo que estaríamos frente a un nuevo intento de “ajustar” a conveniencia nuestra norma suprema.

Ahora bien, estos órganos son autónomos (o al menos eso se pretende) ya que gozan de libertad para autoorganizarse, para disponer libremente de sus fondos, elaborar sus planes y programas, establecer sus normas y criterios, etc. En otras palabras, la autonomía implica el autogobierno y autonormación, lo cual se traduce en la no sujeción a una autoridad, por ejemplo, al Presidente de la Republica. Es por lo expuesto que, se dice que los Órganos Constitucionales Autónomos tienen una relación de coordinación con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado mediante jurisprudencia que los Órganos Constitucionales Autónomos son agencias independientes – de los órganos políticos y de los entes regulados – que cumplen con funciones especializadas, complejas y que requieren de racionalidades técnicas, por lo que su autonomía preserva el principio de división de poderes y la cláusula democrática al regular ciertos sectores especializados de interés nacional.

Lo anterior no implica que estos órganos sean soberanos y sus decisiones no se encuentren sujetas a revisión por parte de los otros poderes, es por ello que algunas de las determinaciones de estos órganos han sido revocadas mediante diversas sentencias. Se trata pues, de órganos que pueden evolucionar, mejorarse o perfeccionarse, pero eliminarlos en definitiva no resulta una opción plausible dada su función en nuestro Estado Constitucional de Derecho.

Seguramente, estimado lector, ya pudo advertir la estrecha relación entre la existencia de los órganos constitucionales autónomos y el principio de división de poderes, y por ende a las verdaderas intenciones del Presidente de la Republica.

Desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos equivale a ampliar el poder del Ejecutivo, desaparecer límites constitucionales que aseguran un contrapeso, a controlar discrecionalmente los recursos humanos, financieros y materiales de dichos órganos, así como retroceder en nuestra democracia.