Principios Constitucionales en materia Tributaria: Equidad

De la Garza define a la equidad tributaria de la siguiente manera:

“La equidad implica el que se encuentren obligados a sufragar un determinado tributo los que se hallen dentro de una misma situación establecida por la ley y que no se encuentren sujetos a esa misma obligación tributaria los que estén en situación jurídica diferente, o se tratara los iguales de igual manera y en forma desigual a los desiguales”

Este principio de equidad tributaria, tiene su fundamento en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:…IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado mediante jurisprudencia que: “El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico”, pero ello no debe confundirse con la igualdad simple, que es aquella que establece absolutamente un mismo trato entre todos los sujetos, sino que se trata de una igualdad jurídica, entendida ésta en palabras del Dr. Mario I. Álvarez de la siguiente manera: 

La igualdad en términos jurídicos significa que las normas de un sistema de Derecho otorgan el mismo trato (iguales derechos y deberes) a todos aquellos que se encuentren en un mismo plano normativo. Igual trato a los iguales jurídicamente, es decir, a quienes la norma asigna la misma posición, trato diferente a los ubicados en una situación jurídica diversa”

De lo anteriormente expuesto, podemos establecer que tratándose de igualdad jurídica, nos remitimos al apotegma: “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, es decir, efectivamente existe igualdad, pero esta obedece a los diferentes planos en los que se sitúen los sujetos, ya sea por condiciones económicas, sociales o culturales. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que este principio exige que los contribuyentes dentro de una misma hipótesis deben guardar una situación idéntica ante la norma jurídica que los regula. De este modo el principio de equidad tributaria “es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales…precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen.”

Por otra parte la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado claro mediante jurisprudencia, que: “el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado.”

El valor superior que persigue el principio de equidad consiste en: “evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.”

En otro orden de ideas, y a efecto de determinar si el legislador al crear la norma jurídica respeta el principio de referencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció mediante jurisprudencia los siguientes criterios:

  • 1- Debe existir una diferencia de trato entre los individuos que se ubiquen en una situación análoga. 
  • 2- Si existe dicha situación, la precisión legislativa debe obedecer a un fin legítimo. 
  • 3- Si se reúnen los requisitos anteriores, debe de existir una relación de instrumentalidad entre la clasificación y el fin pretendido. 
  • 4- De actualizarse todas las condiciones anteriores, también se requiere que la norma no ocasione una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

Finalmente, en atención a la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos de la equidad tributaria son los siguientes: 

a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; 

b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas;  

c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y  

d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.”

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