¿Ampliar el periodo de una gubernatura es constitucional? El caso de Baja California.

La noche del 8 de julio de este año, el Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma a la Constitución Local en la cual se amplía el periodo de mandato del próximo gobernador de 2 a 5 años, lo cual ha generado polémica a nivel nacional, a continuación te explico por partes el tema:

1.- Constitucionalmente ¿Cuánto tiempo debe durar en su encargo un gobernador?

Si nos referimos a la norma suprema, es decir a la Constitución Federal, esta establece en su artículo 116, fracción I que, “Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años”, como se puede advertir no establece un periodo, sino un tiempo máximo o topado de 6 años.

Por lo tanto si alguna Constitución de las Entidades Federativas determina que el periodo de una gubernatura será de 1, 2, 3, 4 o 5 años y 11 meses por ejemplo, es completamente constitucional.    

2.- ¿Por qué la Constitución de Baja California establecía un periodo de 2 años para el próximo gobernador?

Mediante Decreto No. 112 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 17 de octubre de 2014, el Congreso del Estado de Baja California reformó diversos artículos de la Constitución Local, entre estos destaca la modificación del periodo de mandato del gobernador que resultará electo en el proceso electoral de 2019, el cual terminaría en el año 2021 (dos años).

La intención de esa reforma en el año 2014, era que hubiera concurrencia en la elección del Gobernador en el proceso electoral federal de 2021, en términos prácticos, se buscaba “empatar” las elecciones federales y estatales para que hubiera menos campañas, distracciones del servicio público y por supuesto menor gasto en este concepto.

3.- Entonces, si la ampliación al periodo de gobernador deriva de una reforma a la Constitución Local ¿Es constitucional?

Como bien apunta Luz del Carmen Martí: “Cada Estado federado tiene su propio orden jurídico, cuyo punto máximo de expresión encarna una Constitución local, que debe respetar las precisiones de la Constitución Federal” por lo tanto, vale la pena precisar los siguientes elementos:

Primero.- La Constitución Federal establece entre otros, los siguientes principios: seguridad jurídica (artículos 14 y 16 constitucionales), elecciones auténticas (artículo 41 constitucional), irretroactividad (artículo 14 constitucional) y supremacía constitucional (artículo 133 constitucional).

Estos principios implican que las personas siempre tendremos claras “las reglas del juego” y sabremos a qué atenernos en caso de no cumplir con las normas que nos rigen, es decir, debe existir certeza en lo que es debido. (Seguridad jurídica), asimismo en tratándose de las elecciones, estas deben ser auténticas es decir, que sean genuinas y legítimas, sin engaños pues. Adicionalmente, no podemos olvidar que el principio de irretroactividad o no retroactividad, implica que las nuevas disposiciones jurídicas no pueden regir sobre el pasado. Por último y más importante, la supremacía constitucional en términos sencillos implica que todas las normas del país deben ajustarse a la Constitución Federal, si, eso incluye a las Constituciones locales.

Segundo.- No podemos pasar por inadvertido los siguientes hechos:

  • La reforma que amplía el periodo de la gubernatura se dio posterior a la elección local (la elección fue en junio y la ampliación en julio).
  • Al aprobarse la ampliación incluso el gobernador electo ya contaba con su constancia de mayoría emitida por la autoridad electoral local.
  • Los ciudadanos que votaron en la elección local lo hicieron tomando en cuenta los perfiles de los candidatos, los partidos políticos que en su caso los postularon, pero además su voto fue a conciencia de que la persona electa gobernaría únicamente por un periodo de 2 años.

Tercero.- Derivado de lo brevemente expuesto con anterioridad, podemos concluir que, la ampliación del periodo de mandato del próximo gobernador es inconstitucional, pues esta reforma equivale a excluir a la comunidad para poder elegir a sus representantes (quien y por cuanto tiempo), además pretende surtir sus efectos en el pasado siendo que la elección ya se celebró y hasta se expidió constancia de mayoría ¿Entonces los ciudadanos votaron por un gobernador de 2 o de 5 años? No hay autenticidad en la elección, y queda al capricho del Congreso cambiar de último momento (fuera de tiempo más bien) las condiciones de gobierno ¿y la certeza?, ¿donde quedo aquello de conocer con claridad las “reglas del juego” o “saber a que atenernos”?.

Peor aún el Congreso intenta imponerse ante nuestra norma suprema, la Constitución Federal.

4.- ¿Qué sigue?

Conforme al procedimiento previsto en el artículo 112 de la Constitución Local los Ayuntamientos del Estado deben aprobar la reforma, lo cual ya sucedió con la oposición únicamente de Mexicali y Tijuana, por lo que sólo resta que el Poder Ejecutivo publique en el Periódico Oficial del Estado la reforma.

La Acción de Inconstitucionalidad prevista en el artículo 105, fracción II de la Constitución Federal es el medio de defensa constitucional adecuado para combatir esta reforma, sin embargo conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercitar esta acción es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se publique la reforma, por lo que resulta indispensable que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

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