Inconstitucional ganar más que el Presidente.

Derivado de la aprobación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se ha debatido mucho sobre la inconstitucionalidad de dicha norma, incluso se ha generado una creciente promoción de demandas de amparo en su contra, tal es el caso que una Juez concedió una suspensión provisional al respecto (Ver nota).

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Derivado de lo anterior nos queda preguntarnos, ¿Es inconstitucional ganar más que el Presidente? Recordemos que la Ley Federal referida es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso que nos ocupa, es importante subrayar el contenido del artículo 127, fracción II Constitucional que a la letra señala:

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México…

II.- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente…

Claramente podemos observar que la disposición constitucional es limitar las remuneraciones de todos los servidores públicos para que, siempre sean menores a las del Presidente de la Republica, contrario a lo que se piensa, esta disposición no es atribuible al Presidente Andrés Manuel López Obrador sino al ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pues fue durante su sexenio, y mediante Decreto de 24 de agosto de 2009 cuando se publicó la reforma a dicho artículo constitucional.

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Hasta este punto es claro que, sin importar derechos adquiridos que pudiera trastocar la Ley Federal referida, existe una disposición constitucional que restringe cualquier derecho a una remuneración mayor, no debiendo pasar por inadvertido que, en México cuando exista un conflicto entre alguna norma – incluso las de derechos humanos – y la Constitución Federal, prevalecerá esta última. (Ver criterio) .

Ahora bien, la situación de los Juzgadores Federales es distinta, en virtud de que el artículo 94, párrafo once constitucional, establece que sus remuneraciones no podrán ser disminuidas durante su encargo. Para mayor claridad transcribo el texto referido:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial…

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”

La anterior disposición se incorporó al texto constitucional mediante decreto de 22 de agosto de 1996, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y me parece importante señalar las fechas de publicación de estas disposiciones pues, llegado este punto cobran relevancia por lo siguiente:

Con la sola reforma constitucional (con o sin ley expedida), la remuneración de todos los servidores públicos a partir del martes 25 de agosto de 2009 debió ser ajustada o disminuida en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2010, a efecto de no percibir más remuneraciones que las del Presidente de la Republica. Pero en el caso concreto de los juzgadores federales que siguieran en funciones debió respetarse su remuneración en términos del artículo 94, párrafo once, repito en funciones, pero a todos aquellos juzgadores federales que iniciaron sus funciones a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional al artículo 127, fracción II, indudablemente se les debió de ajustar o disminuir sus remuneraciones.

De hecho, los ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueron los primeros ministros a quienes con motivo de la reforma constitucional se les ajusto o disminuyeron sus remuneraciones (Ver nota).

Para finalizar, me gustaría señalar desde mi humilde punto de vista, y con el debido respeto para el criterio que finalmente se adopte en Tribunales Federales que, me parece completamente constitucional la disminución de salarios que sean superiores a los del Presidente de la Republica, siempre que no se trate de aquellos servidores públicos a que hace referencia el artículo 94, párrafo once y que hayan iniciado sus funciones antes de la publicación de la reforma constitucional al artículo 127, fracción II de la Constitución Federal.

Lo anterior tiene además su fundamento en el artículo tercero transitorio, inciso a) del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.

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