Entonces ¿Son legales las consultas populares?

Mucha controversia ha generado la propuesta del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de efectuar consultas populares, sobre todo después de que se realizará la relativa al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México “NAIM”, ya que las voces de la oposición no se hicieron esperar y tildaron la consulta como ilegal.

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Este será al parecer un tema frecuente en el nuevo gobierno mexicano, ya que incluso el Presidente Electo ha manifestado que habrá más consultas populares, por lo que es importante considerar lo siguiente:

Primero, las consultas populares si tienen fundamento, se establecen en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se señala que es derecho y obligación de los ciudadanos de la República votar en ellas (Artículos 35, fracción VIII y 36, fracción III);

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Segundo, las consultas populares no son una simple encuesta ciudadana, en realidad se constituyen como un verdadero ejercicio democrático, por lo que existen bases constitucionales para su desarrollo, de manera que se garantice una participación plural, ordenada y fiable, por ello entre otros requisitos, las consultas populares deben versar sólo sobre asuntos de trascendencia nacional, ser organizadas por el Instituto Nacional Electoral, realizarse el mismo día de las jornadas electorales federales, y podrán ser vinculantes para las autoridades cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Tercero, el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar sobre las consultas populares (Artículo 73, fracción XXIX-Q Constitucional), por lo que, en el año 2014 se expidió la “Ley Federal de Consulta Popular” en donde se reglamenta el procedimiento a seguir para realizarlas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, queda claro que consultas populares se encuentran debidamente reguladas en nuestro sistema jurídico mexicano, sin embargo es necesario que se respete el procedimiento que para tal efecto establece nuestra Constitución y la Ley Federal, pues el respeto a nuestras normas es el primer acto de civilidad y democracia.

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